NOTA DE PRENSA
‘Abogados por el Cambio’
impulsa que el Ministerio del Interior estudie la modificación de la normativa
de acceso a las prisiones
· Logra que el Colegio de Abogados de Las Palmas
inste a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a permitir que
los abogados/as estén exentos de acceder a las cárceles por los arcos de detección
de metales
·
‘Abogados por el Cambio’ denunciaron un
“trato discriminatorio” de las abogadas respecto a otros profesionales en el
ejercicio de sus funciones
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de
junio de 2015. La Asociación
Abogados por el Cambio de Canarias ha logrado que el Ministerio del Interior
acepte estudiar la modificación de la normativa de acceso a las prisiones con
el fin de eximir la obligación de las letradas de tener que atravesar el arco
de detención de metales en los centros penitenciarios, cuyas consecuencias en
los últimos años había derivado en un “trato discriminatorio” de las abogadas
respecto a otros profesionales en el ejercicio de sus funciones.
En concreto, la Asociación Abogados por el Cambio de Canarias consigue que
esta petición sea asumida, tras una denuncia pública, por el Colegio de
Abogados de Las Palmas, que acaba de aprobar solicitar a la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias la modificación de la Instrucción 3/2010, del
Protocolo de Seguridad de las Prisiones. Esta petición propone que todos los
abogados/as –en el ejercicio de sus funciones profesionales- queden exentos de
acceder a los centros penitenciarios a través de los arcos de detección de
metales.
A raíz de la primera denuncia presentada por dicha Asociación, en diciembre
de 2014, ante el Consejo Canario de la Abogacía, las abogadas afectadas recibieron
ya los apoyos de, entre otros, la Delegada del Gobierno, el Diputado del Común,
el Instituto Canario de Igualdad y la propia Defensora del Pueblo de España,
Soledad Becerril. A nivel estatal y una vez estando en conocimiento de los
hechos, Becerril comunicó al Colegio de Abogados de Las Palmas que se había
dirigido a Instituciones Penitenciarias para formular una “recomendación”
consistente en la modificación de la citada Instrucción –reglamento de acceso a
la cárcel- al estimar que la “implantación no solo es innecesaria y vejatoria,
sino también discriminatoria respecto al colectivo de los letrados, máxime
cuando en la entrevista con el interno nunca se mantiene contacto físico o
directo, sino solo visual”, tanto por los letrados como las letradas.
La Asociación Abogados por el Cambio de Canarias recuerda que esta decisión
tomada por el Colegio de Abogados de Las Palmas es la culminación de un Expediente
Informativo que se inicia a raíz de la denuncia presentada ante el Consejo
Canario de la Abogacía por varias letradas contra la medida penitenciaria que
se ha venido aplicando en la prisión Las Palmas II (Juan Grande) consistente en
tener que desprenderse del sujetador cuando las letradas pasaban por el arco de
seguridad, y éste detectaba alguna clase de metal.
Las abogadas que denunciaron este asunto, Isabel Saavedra Doménech y Rosa
de León Corujo, fueron recientemente demandadas por los representantes de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Prisiones, que alegaban
una presunta “vulneración del derecho al honor”, la cual fue desestimada por el
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Asociación de Abogados por el Cambio de Canaria agradece que finalmente
el Colegio de Abogados de Las Palmas haya decidido tomar cartas en el asunto “de
un modo más activo” y –“que aunque sea tarde”- haya decidido solicitar el
cambio de la norma de acceso a los Centros Penitenciarios, argumentando un
criterio de orden jurídico, el cual estimamos nunca necesitó de una “actividad
probatotoria” que condicionara su alegación y defensa ante cualquier
Institución y en aras de un ejercicio digno de la profesión y del Derecho del
Defensa del Ciudadano.
