1. Incorporación de las últimas tecnologías e informatización de la Administración de Justicia (Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia).
El Colegio de Abogados de Las Palmas no puede ralentizar el importante proceso de modernización que se impone en el ámbito de la Administración de Justicia, a cuyos intereses sirve, y necesariamente ha de incorporarse e incluso adelantarse a las nuevas herramientas y procedimientos abiertos por los avances tecnológicos y hacerlo extensivo a los profesionales de la Abogacía.
Las instituciones públicas vuelcan muchos esfuerzos en conseguir implantar este proceso de modernización y todos los implicados están ante un auténtico reto, así que el Colegio debe participar en la conjura de todos los inconvenientes que mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia e implicarse con otros colegios y los poderes públicos en que los logros beneficien a todos los agentes y beneficiarios del ámbito judicial.
Los cambios están recogidos, en cualquier caso, en diversas reformas procesales, algunas aún por llegar, como las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, los reglamentos del CGPJ, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o el Plan de Acción E-Justicia 2008 de la Unión Europea, de manera que la modernización tecnológica es ya un objetivo generalizado e ineludible.
2. El abogado canario es un profesional europeo: prevalencia del Marco Jurídico Comunitario.
Resulta indiscutible que la Unión Europea avanza a una considerable velocidad en el logro de una vieja aspiración: un marco normativo común para sus estados miembros. Continuamente, a través de las fuentes comunitarias, como directivas o reglamentos, se impone un necesario acercamiento de los ordenamientos nacionales y aboca al país a una seria adaptación de sus normas al acervo europeo, lo que exige cada vez mayor preparación, estudio e investigación.
‘Abogados por el cambio’ no puede dar la espalda a este importante reto colegial para apoyar a los abogados canarios a afrontar su condición de profesionales comunitarios, al igual que jueces y magistrados, que también son juzgadores comunitarios. Ello precisa nuevos enfoques que van más allá de nuestras fronteras y obligan a compartir experiencias con países del entorno igualmente implicados en el reto europeo.
Esta realidad ha sido asimilada por muchos despachos profesionales que han introducido fórmulas laborales y organizativas para estar a la altura jurídica que requiere el mercado comunitario. El Colegio tiene que emular esta forma de hacer y liderar el fomento de la adaptación a las nuevas estructuras europeas.
3. – Los abogados tienen que participar en la elaboración de los cambios legislativos que le afectan. Función proactiva del Colegio.
Las modificaciones legislativas de las normas procesales, corporativas y autonómicas suman al colectivo en un dinamismo legislativo que debe contar con la participación del Colegio. Su peso en el ámbito de la Administración de Justicia es demasiado importante como para permanecer en segundo plano, debe participar en la construcción del marco jurídico que le afectan.
El Colegio tiene que abrir auténticos cauces de entendimiento y negociación con los poderes públicos y luchar ferozmente para que los legítimos intereses de los abogados queden totalmente amparados por las nuevas reformas legislativas, ya que su papel es decisivo para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, sin perder el necesario beneficio para la sociedad.
4. Incrementar los niveles y ámbitos de especialización profesional
La cada vez mayor necesidad de especialización jurídica ya no es un fenómeno aislado, no solo en el ámbito comunitario, sino también en el nacional, el regional y local, que exige que el profesional sea sinónimo de especialidad.
El avance social y económico genera nuevas materias objeto de regulación, como el derecho de los consumidores, operaciones crediticias o bancarias, delincuencia económica, corrupción, el mercado del deporte, cooperación supranacional y extranjería, conciencia medioambiental, propiedad intelectual y muchas más, lo que conduce de forma incontestable a la especialización que el Colegio debe apoyar con la promoción de formación y orientación en estos nuevos campos del Derecho.
5. Limitar los efectos de la crisis económica.
El crítico contexto económico que atraviesa el país reclama nuevas fórmulas de gestión y financiación, así como de organización colegial, pero no se puede permitir que las dificultades presupuestarias deterioren la calidad de sus servicios y, mucho menos, que de algún modo ello contribuya al desprestigio de la profesión.
Es necesario hacer un mayor esfuerzo para aprovechar mejor sus recursos, y sobre todo, gestionarlos de forma moderna y eficaz para lograr un mejor servicio para los letrados con transparencia y participación. Por tanto, debe partir de una elaboración presupuestaria seria, realista e innovadora.
Especial atención hay que prestar a los usuarios más desfavorecidos y acreedores de una justicia gratuita, por lo que se hará incidencia en la configuración de los turnos de oficio y se promoverá la igualdad entre territorios colegiales para que no haya discriminación en la prestación del servicio, con especial atención en la asistencia de la violencia de género.
6. Regeneración de los partidos judiciales periféricos y en islas no capitalinas
El Colegio ha de afrontar definitivamente las particulares carencias de los partidos judiciales más olvidados por sus órganos de gobierno. Los esfuerzos han de dirigirse a equiparar cada vez más los medios y recursos disponibles al servicio de los profesionales que ejercen en islas no capitalinas o en partidos periféricos de especial idiosincrasia.
Estos compañeros se someten día a día a obstáculos que no surgen en la capital, acreedora en general de una mejor calidad de la Administración de Justicia, pero el Colegio debe primar la calidad en cualquier punto del fragmentado territorio insular.
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