Situación Actual

El número de letrados inscritos en el Colegio de Abogados a finales de 2013 ascendía a 4.429, de los cuales 2.656 son ejercientes y 1.773 no ejercientes, número que se ha incrementado en lo que va de año, por lo que son muchos los profesionales afectados por el perjuicio causado por la ley 10/2012, de 20 de noviembre, que  regula las tasas en la Administración de Justicia.

Este golpe del legislador ha introducido verdaderos obstáculos para el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos no amparados por el derecho a la justicia gratuita, jugando sin duda un papel claramente disuasorio, y es que no solo ha encarecido la Justicia, sino que ha abierto una brecha social entre los que pueden acceder a la tutela judicial y los que no.

Además, las tasas han dejado sentir sus efectos en el ejercicio de la Abogacía porque conlleva menos actividad y por consiguiente menos ingresos, merma que ha hecho que el turno de oficio se convierta para algunos abogados en el recurso que le garantiza un mínimo de subsistencia.

Una subsistencia que no es tal debido a la precariedad en el cobro con retrasos de hasta seis meses o, en el mejor de los casos con el “confirming”, en cuatro, lo que incumple claramente la normativa europea, así que ‘Abogados por el cambio’ no dudará en exigir a la Administración que acorte el tiempo de los pagos y asuma el pago de intereses.

Es más, aunque el preámbulo de la Ley de Tasas establece que la recaudación se destinaría al turno de oficio, lo realidad es que la inversión en la justicia gratuita se ha reducido en 43 millones de euros, con sucesivas rebajas en las retribuciones y una situación casi insostenible porque los honorarios apenas cubren gastos y están lejos de ser dignos, un perjuicio que va en contra de la especialización dado que hay que aceptar todo tipo de asuntos ante la falta de usuarios.

Lamentable consecuencia es sin duda el incremento de la competitividad con algunos efectos perversos porque en ocasiones afecta incluso a la cortesía profesional y ha generado la política del “sálvese quien pueda”, por lo que el cumplimiento del Código Deontológico cobra especial importancia, así como la necesidad de dignificar la profesión porque hay límites, como la pérdida de valores, que no se deben franquear.

Es necesaria una firme oposición al proyecto de Ley de la Justicia Gratuita por restrictivo y por someter al abogado a un régimen sancionador intolerable, como tipificar como falta grave que el abogado no plantee la insostenibilidad de la pretensión -lo que refleja la visión del legislador del abogado del turno de oficio-, reduce el tiempo de presentación ante el juzgado o comisaría a dos horas, suprime la obligación de residir en el ámbito de su domicilio profesional, lo que generará retrasos en la asistencia.

Por si fuera poco, prevé introducir una presunción de fraude para quien solicite más de tres veces en un año el beneficio de la justicia gratuita, lo que limita el artículo 119 de la Constitución, así como la postulación, lo que vulnera el derecho de defensa por el que el abogado debe interponer cuantas acciones y recursos sean necesarios en interés del beneficiario, que ahora tendrá que ratificar cada trámite contra las resoluciones que pongan fin al proceso.

    ‘Abogados por el cambio’ se opone además las actuaciones gratuitas, como las Ejecuciones Judiciales, que en ocasiones son verdaderos procedimientos judiciales. Para esta lucha es imprescindible la unión de los abogados y de los colegios que los aglutinan.